La sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, obligaba al gobierno de Martín Torrijos "a reconocer públicamente y pedir disculpas por ser responsable de la desaparición forzada del señor Heliodoro Portugal" y tantas otras violaciones de los derechos humanos relacionadas con este hecho.
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