Por más de 25 años el sistema de salud panameño se ha estado deteriorando como consecuencia de las políticas públicas de reajuste que privilegian los intereses de un puñado de empresarios, perjudicando a la población, especialmente niños y madres. Además, esta política contribuye a la violencia y a la criminalidad rampante al agudizar las enormes desigualdades sociales que caracterizan a Panamá.
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